Algunas Normas del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales. 1989

En relación a la reciente Protesta de los Pueblos Amazónicos, habría que evaluar hasta que punto el actual gobierno aprista está respetando las normas de "política general" del Convenio 169 de la OIT, suscrita por el Perú.

PROTECCIÓN A LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Algunas de las normas de política general del Convenio destinadas a proteger a los pueblos indígenas, sin nombrar todas las otras que promueven el desarrollo participativo de las comunidades son las siguientes:

Deber del Estado peruano de desarrollar, con la participación de los pueblos indígenas, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y garantizar el respeto de su integridad (art. 2).
No deberá de emplearse ninguna forma de fuerza o de coerción que viole los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos interesados, incluidos los derechos contenidos e el presente Convenio
Se señala también, el deber de adoptar medidas especiales para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados (art. 4).
Está enunciado igualmente el deber de consultar a los pueblos interesados cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas, susceptibles de afectarles directamente (art. 6).
También, se encuentra el deber del gobierno de tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados, para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan (art. 7).
Finalmente, al momento de aplicar la legislación nacional a los pueblos indígenas deberá tenerse en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario. (art. 8)

DERECHO A LA TIERRA

Uno de los aspectos de importancia para las comunidades indígenas es, definitivamente, la protección del derecho a la tierra,la Parte II. Tierras del El Convenio 169 contiene varios artículos sobre el tema:

El primer enfoque es para reconocer la importancia especial de la tierra en las culturas y los valores de los pueblos indígenas (art.13). Importancia tal, que las normas del Convenio han sido redactadas de manera amplia a fin de que se refieran, tanto al concepto de tierra, como al concepto de territorio, es decir a la totalidad del ambiente donde viven los indígenas.
Entre las normas dedicadas a proteger el derecho a la tierra, se encuentra el deber de los gobiernos de reconocerle a los pueblos indígenas o tribales, los derechos de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan (art. 14). Este deber se está asumiendo?, acaso no es éste el derecho que se está conculcando con la actual política del gobierno aprista al privilegiar los interese de los inversionista extranjeros y algunos peruanos? So pretexto del desarrollo?. Que garantiza que éste privilegio sobre el 99.9% de peruanos, realmente traerá desarrollo para los millones de habitantes que viven en pobreza y extrema pobreza?.

Los pueblos interesados tienen derechos a que a los recursos naturales existentes en sus tierras sean protegidos de manera especial. Por tanto estos derechos comprende el derecho a que ellos puedan participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos. (Art. 15)
Finalmente, los pueblos interesados no deberán ser trasladados de las tierras que ocupan(Art.16).

Podría decirse, que la mayoría de éstas normas que amparan los derechos de los pueblos amazónicos, no se están tomando en cuenta, de una u otra manera ingeniosa se les ha sacado la vuelta!.

El presidente García, debería de escuchar el audio de su discursos, como por ejemplo en el que manifiesta que “él no gobierna para un grupo de personas, sino que gobierna para todos los peruanos”…….si esto fuese así no tendría la cantidad de protestas que se dan a diario!.

SALVEMOS LA AMAZONÍA Y A LOS PUEBLOS QUE CUIDAN DE ELLA

Por Marco Arana Zegarra

Desde la segunda semana de abril, los pueblos amazónicos están nuevamente en pie de lucha pidiendo la derogatoria de los decretos legislativos[1] que amenazan la propiedad colectiva de las tierras de las comunidades y a la vez entregan grandes extensiones del territorio amazónico al saqueo y la contaminación de las empresas petroleras y mineras.

El gobierno de García, apoyado en un premier que supuestamente defendía derechos humanos y la justicia social; de un ministro ambientalista que supuestamente protegería la selva y las comunidades que en ella habitan, y contando con la libertad de prensa que le permite que la huelga amazónica no sea conocida por la inmensa mayoría de ciudadanos del país; arremete brutalmente contra los pueblos amazónicos dando una señal clara de que los pocos electores que ellos le representan son absolutamente prescindibles, mientras, claro está, los presidentes regionales de Amazonas, San Martín, Loreto e Iquitos y los frentes de defensa de esas regiones no se sumen solidariamente a las justas protestas de los pueblos amazónicos (¿Hay mermelada de por medio?, ¿Les han hecho promesas de gasto público o les han ofrecido favores que a lo mejor nunca llegarán?)

El día siete de mayo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el mismo que no sirve para acabar con la racha de muertes en las carreteras y vehículos super contaminantes en las ciudades, se vuelve milagrosamente eficiente para fiscalizar pequeñas emisoras de radio y cerrarlas (como Radio Libertad en Atalaya)[2] que son de las pocas que en la selva informan la verdad de lo que está pasando y que el gobierno no quiere que se sepa: que todos los pueblos amazónicos están solidariamente luchando por defender sus territorios y la selva, no solo para preservar su propiedad colectiva y la calidad de sus aguas y suelos tan dañados por las petroleras, sino protegiéndonos a todos los habitantes del planeta al buscar que en la amazonía se desarrollen actividades que, en primer lugar, garanticen el derecho a existir que tienen los pueblos que milenariamente la han habitado y que, en consulta previa, libre e informada con las comunidades se decida qué actividades económicas son las más convenientes para su propio desarrollo y el del país que, por supuesto, es mucho más que el solo crecimiento económico y las coimas que éste permite en las más altas esferas de gobierno.

El día ocho de mayo, a través de comunicados de los misioneros oblatos que sirven a las comunidades del Río Napo se supo rápidamente que acorazados de la Marina de Guerra arremetieron contra las débiles canoas de los nativos que habían puesto un cable sobre el río para impedir que embarcaciones petroleras navegaran por él. ¡Sin duda, no es esta la valiente marina de Grau que hace naufragar canoas y no auxilia a los propios compatriotas hundidos! ¿Tanto daño le hace a nuestra marina estar comandada por un presidente soberbio que califica a los hermanos amazónicos como “perros del hortelano”?

El sábado nueve de mayo, el presidente García ha decretado el estado de emergencia en casi toda la Amazonia, y el día de ayer, día de la madre, ordenó que a los nativos awajun y wampis que protestaban en el puente de Corral Quemado en Bagua Grande, les sacaran literalmente “la madre”.[3] Un fuerte contingente policial de la DINOES (la misma que no ha sido capaz de impedir el rebrote terrorista y su juego en pared con el narcotráfico) masacrara a civiles peruanos que no portan fusiles sino rudimentarias flechas y lanzas.

¿Puede un gobierno que defiende a rajatabla una política económica, éticamente inicua, estar por encima del fin supremo del Estado que es la persona humana (Artíc. 1 de la Constitución)?

Los ciudadanos de un país democrático creíamos que no. Sin embargo, lo que está ocurriendo en la Amazonía nos demuestra lo contrario. Ya no solo las voces de los principales líderes amazónicos es ignorada, sino también la de los obispos de Yurimaguas, Jaén, Pucallpa, San Ramón, Puerto Maldonado, Requena, Moyobamba e Iquitos quienes han solicitado una solución justa y respeto para los pueblos amazónicos.[4] Aunque esta vez más cauto, García aun no los ha tildado de “falsos cristos” como lo hizo con los obispos del norte del país cuando se solidarizaron con la justa lucha de los comuneros con el proyecto minero en Majaz.

¿De qué manera debería entonces amplificarse esas voces para que no sean acalladas y se imponga la política del perro del hortelano en la Amazonia? Tenemos dos caminos: Uno institucional, y menos costoso en términos sociales, es que la Comisión de Constitución del Congreso declare la anticonstitucionalidad de los DLs del Ejecutivo y proceda a su inmediata derogatoria. Y otro camino, social y políticamente impredecible, que los movimientos sociales regionales, con sus presidentes regionales a la cabeza se pongan de pie para decir: ¡Basta! y devuelvan al país la decencia y la soberanía que un Ejecutivo y un Congreso pusilánimes no son capaces de cautelar.

El tamaño de una de las amenazas:

Según un reconocido experto como Roger Rumrrill, solo “El lote petrolero Nro. 76 de un millón 500 mil hectáreas instalará 18 líneas sísmicas, construirá 166 helipuertos, abrirá 1944 zonas de descarga y levantará 166 campamentos. Ese lote se traga totalmente a la Reserva Comunal Amarakaire y operará en las áreas de amortiguamiento de los Parques Nacionales del Manu, Bahuaja-Sonene y en la Reserva Tambopata-Candamo. Es decir, afectará severamente una de las zonas de mayor biodiversidad del planeta.”

Sin embargo, la elección de uno u otro camino está en manos de liderazgos responsables que no pueden seguir actuando con temor. No todo está perdido en el Congreso, no todos los congresistas son una manada de otorongos, esta es una oportunidad para responder al mandato popular que los eligió y reivindicarse como un auténtico poder del Estado, en vez de una simple mesa de partes de un gobierno autoritario y corrupto. También creemos que los presidentes regionales de Iquitos, Loreto, Madre de Dios, Amazonas y San Martín no pueden acobardarse frente a las leyes de García que criminalizan su participación al lado de reivindicaciones justas de sus pueblos. Los presidentes regionales, deben saber que el que otrora dio leyes abusivas, creyéndose todopoderoso, hoy purga prisión precisamente por violaciones de derechos humanos. Esa hora también podría llegarle a un presidente que desprotege los derechos de las poblaciones de la Oroya, Cerro de Pasco, Choropampa y Madre de Dios que están siendo envenenadas por las mineras; que desprotege a los hermanos de la Amazonia a quienes la deforestación, las petroleras, las mineras y el narcotráfico les dejan sin tierra, sin agua limpia, amenazando las bases materiales de su propia existencia.

Nunca la solidaridad con los pueblos amazónicos se ha hecho tan urgente.

¡Alto a la violencia institucionalizada!
¡Salvemos la Amazonia!

[1] Decretos Legislativos que se exige derogatoria: Nros. 994, 1064, 1020, 1081, 1089, 1090, 1083, 1060 y 997
[2] http://www.servindi.org/actualidad/11340
[3] http://www.servindi.org/actualidad/11385 también: http://www.aidesep.org.pe/index.php?codnota=700
[4] Comunicado del 05 de mayo 2009. Ver: www.muqui.org también: http://www.aidesep.org.pe/index.php?codnota=703

Solidaridad con los pueblos amazónicos

En estos momentos nuestros hermanos indígenas amazónicos se encuentran LUCHANDO POR LA VIDA, por la de sus familias, por la de su riqueza cultural e identidad, POR LA DE TODOS NOSOTROS que somos parte del Ecosistema y sobrevivimos gracias al pulmón amazónico. Defendamos la vida, abriendo los ojos a la realidad de nuestro país, pronunciándonos, actuando.

Para información de qué hacer: accioncritica@gmail.com. Ahí se indicará sobre la protesta del miércoles. Vayamos todos y todas.

El día sábado 9 de Mayo se ha declarado el Estado de Emergencia en varios distritos de la Amazonía. Tenemos información de 7 detenidos y 10 personas heridas en enfrentamientos con la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía. En estos momentos nuestros hermanos indígenas amazónicos se encuentran librando una batalla decisiva. Están en juego la vida de sus familias, su supervivencia como pueblos, y también la biodiversidad amazónica.
Representados en la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), se encuentran desde hace 33 días en movilización permanente exigiendo el respeto de sus derechos, vulnerados por más de una decena de decretos legislativos que promueven la entrada de empresas multinacionales a los territorios amazónicos, en detrimento de las comunidades nativas.
En el marco de estos hechos, manifestamos lo siguiente:
1. Nos adherimos a la exigencia de las organizaciones indígenas por que se deroguen los siguientes dispositivos legales que vulneran sus derechos individuales y colectivos: Ley N°. 29317, Ley N°. 29338 y Decretos Legislativos 1020, 1081, 1083, 1089, 1090 y 994.
2. Exigimos que el informe de la comisión multipartidaria, formada para analizar las normas señaladas y cuyas conclusiones confirman la inconsti tucionalidad de las mismas; sea llevado al pleno del Congreso para que se discuta la derogatoria. El que haya pasado, por iniciativa del fujimorismo, a la Comisión de Constitución, constituye una actitud malintencionada de dilatar el problema y debe ser entendido como una burla hacia las organizaciones indígenas. Compartimos la indignación.
3. Denunciamos el cerco informativo promovido por el gobierno y acatado por la mayoría de los medios de prensa nacionales, que pretenden invisibilizar una lucha que se viene librando desde Agosto del año pasado, y que ante la intransigencia del Ejecutivo, se ha radicalizado con ya más de 33 días consecutivos de protesta en distintas provincias amazónicas.
4. Repudiamos las acciones de provocación ejecutadas por la Marina de Guerra que el día 4 de mayo y sin previo aviso, arrollaron con buques a decenas de peque-peques (o canoas) de los pueblos quichuas y arabelas, que ejercían un bloqueo pacífico del río Napo. Esta acción se realizó con el objetivo de que puedan circular embarcaciones de la petrolera anglo-francesa Perenco, que opera en el Lote 67.
5. Denunciamos la poca disposición de diálogo de parte del gobierno, que ha declarado el Estado de Emergencia en diversos distritos de la Amazonía, con el objetivo de resguardar las inversiones de las empresas petroleras e hidrocarburíferas, a costa del sacrificio de los derechos constitucionales de los pueblos amazónicos, quienes en estos momentos están siendo duramente reprimidos. Ya hay heridos de bala, y varios detenidos. Queda claro quién inicia la violencia.
6. Exigimos que el gobierno respete el Convenio Nº 169 de la OIT, de rango constitucional, así como la Declaración de la ONU sobre pueblos indígenas, que establecen que los pueblos originarios deben ser consultados sobre todo tipo de acciones que los afecten.
Es claro que para el gobierno la Amazonía es un espacio inhabitado, un montón de naturaleza muerta que debe ser vendida al mejor postor. Cerremos filas contra un modelo de desarrollo que prioriza las cifras macroeconómicas frente a la vida y el verdadero bienestar. No podemos seguir permitiendo que un grupo de transnacionales se repartan el país, lotizando toda la Amazonía como si se tratara de un gran negocio sin importarles el territorio de pueblos ancestrales, ni que se trate del pulmón del mundo y la mayor fuente de agua dulce del Continente. No permitamos que siga esta depredación.
Hacemos un llamado a la unidad a las diversas organizaciones de la sociedad civil y a las organizaciones políticas partidarias y no partidarias. La lucha de los pueblos indígenas es también nuestra.
Sumémonos a la movilización de apoyo convocada por las organizaciones indígenas andinas y amazónicas para este Miércoles 13 de Mayo.

¡Por el respeto a la vida y la integridad de los pueblos!
¡Por el cuidado de nuestra Amazonía!
¡Por un Perú de todos y todas!
¡Por un frente común de apoyo a los pueblos indígenas!
¡Ni un paso atrás!

Acción Crítica
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