Acusan de rebelión a Obispo José Luis Astigarraga Lizarralde
A la carga con todos los que apoyaron la huelga amazónica. Esa parece ser la consigna del gobierno. Ni la Iglesia se salva, aunque en realidad no toda la institución religiosa. Sólo los sacerdotes que asumen la defensa de los pobres y sus derechos. Si Alan García hubiera sido virrey del Perú en el siglo XVI, hubiera mandado a la hoguera al padre Bartolomé de las Casas.El lunes 17 de agosto fue citado el Obispo del Vicariato Apostólico de Yurimaguas, José Luis Astigarraga Lizarralde, para rendir su manifestación por estar inmerso en el presunto delito de instigación a la rebelión en agravio del Estado peruano; sin embargo no se presentó, lo que ha puesto en evidencia la persecución del Estado contra los que apoyaron la huelga, acusándolos de instigadores. Evidentemente ninguna persona puede sustraerse a investigaciones policiales y judiciales, pero la cosa no es simple en el caso de los sacerdotes. Habría que enjuiciar al cardenal Juan Luis Cipriani por intervenir en política. Pero eso es imposible. Es intocable por el régimen, ya que su sotana es útil a la derecha. El Perú y la Santa Sede ampliaron y suscribieron en 1980 un convenio, en cuyos artículos 2 y 3 se determinan que los obispados tienen personería jurídica de carácter público. La misma Constitución en su Artículo Nº 50º reconoce a la iglesia como un elemento importante en la formación histórica, cultural y moral, no como parte del estado peruano. La jerarquía de la Iglesia Católica recibe asignaciones de parte del Estado, de acuerdo a una escala determinada y según el nivel, se calcula por los ingresos de un ministro de estado.El artículo Nº 50 de la Constitución referido a las relaciones entre el Estado, Iglesia Católica y otras confesiones dice: “Dentro de un régimen de independencia y autonomía, el Estado reconoce a la Iglesia Católica como elemento importante en la formación histórica, cultural y moral del Perú, y le presta su colaboración. Sin embargo, esta colaboración no implica que los sacerdotes deben guardar silencio frente a las injusticias de los poderosos y las autoridades. Cipriani en Ayacucho, si guardó silencio en todos los idiomas, frente a la violación de los derechos humanos. Ahora es valiente y abre la boca, teniendo como respaldo a su vecino y amigo.
A la carga con todos los que apoyaron la huelga amazónica. Esa parece ser la consigna del gobierno. Ni la Iglesia se salva, aunque en realidad no toda la institución religiosa. Sólo los sacerdotes que asumen la defensa de los pobres y sus derechos. Si Alan García hubiera sido virrey del Perú en el siglo XVI, hubiera mandado a la hoguera al padre Bartolomé de las Casas.El lunes 17 de agosto fue citado el Obispo del Vicariato Apostólico de Yurimaguas, José Luis Astigarraga Lizarralde, para rendir su manifestación por estar inmerso en el presunto delito de instigación a la rebelión en agravio del Estado peruano; sin embargo no se presentó, lo que ha puesto en evidencia la persecución del Estado contra los que apoyaron la huelga, acusándolos de instigadores. Evidentemente ninguna persona puede sustraerse a investigaciones policiales y judiciales, pero la cosa no es simple en el caso de los sacerdotes. Habría que enjuiciar al cardenal Juan Luis Cipriani por intervenir en política. Pero eso es imposible. Es intocable por el régimen, ya que su sotana es útil a la derecha. El Perú y la Santa Sede ampliaron y suscribieron en 1980 un convenio, en cuyos artículos 2 y 3 se determinan que los obispados tienen personería jurídica de carácter público. La misma Constitución en su Artículo Nº 50º reconoce a la iglesia como un elemento importante en la formación histórica, cultural y moral, no como parte del estado peruano. La jerarquía de la Iglesia Católica recibe asignaciones de parte del Estado, de acuerdo a una escala determinada y según el nivel, se calcula por los ingresos de un ministro de estado.El artículo Nº 50 de la Constitución referido a las relaciones entre el Estado, Iglesia Católica y otras confesiones dice: “Dentro de un régimen de independencia y autonomía, el Estado reconoce a la Iglesia Católica como elemento importante en la formación histórica, cultural y moral del Perú, y le presta su colaboración. Sin embargo, esta colaboración no implica que los sacerdotes deben guardar silencio frente a las injusticias de los poderosos y las autoridades. Cipriani en Ayacucho, si guardó silencio en todos los idiomas, frente a la violación de los derechos humanos. Ahora es valiente y abre la boca, teniendo como respaldo a su vecino y amigo.
Fuente: Diario La Primera.
