Recién el año pasado el Instituto Nacional de Recursos Naturales (Inrena) se dio cuenta de que el país había estado exportando madera ilegal por años. Luego de varios estudios técnicos, los funcionarios concluyeron que el rendimiento real de la caoba (lo que queda luego de procesarla para la exportación) era tan solo del 26% y no del 80%, como se venía exportando. Es decir, como los mismos funcionarios explicaron en su momento, ese 54% restante se completaba 'blanqueando' madera de procedencia ilegal.
Fuente: http://www.elcomercio.com.pe/edicionimpresa/Html/2008-02-23/nueva-resolucion-inrena-permitiria-exportacion-caoba-origen-irregular.html Fue entonces cuando el anterior intendente forestal emitió dos resoluciones, la 002 y la 017, para sincerar los nuevos porcentajes de exportación: 26% para la caoba y 36% para el cedro. Los empresarios madereros las rechazaron y unas semanas después el Inrena sacó una nueva resolución, la 032, en la que se posterga la aplicación de estos porcentajes hasta el 2009, lo que abre las puertas a la madera de procedencia ilegal.
Los funcionarios del Inrena no han querido explicar por qué suspendieron la aplicación de las resoluciones 002 y 017. En la exposición de motivos de la resolución en cuestión plantean que "para la aplicación de este rendimiento es necesario contar con un plazo para el proceso de adecuación que otorgue seguridad jurídica a los administrados".
El ingeniero Edgardo Lizárraga, ex intendente forestal y autor de las normas que ahora intentan postergar, sostiene que es absurdo detener la aplicación de las verdaderas cuotas de rendimiento. "Se había avanzado tanto en el control forestal y ahora dan marcha atrás. No tiene sentido ampliar por un año la aplicación de estas normas. Un árbol de caoba o cedro rendirá lo mismo hoy o el año siguiente ", insiste.
Durante esta semana hemos intentado dialogar con el jefe de la institución, José Luis Camino, o el intendente forestal, Rafael Ramírez Arroyo, pero no respondieron. Solo arguyeron que el ingeniero Ramírez era nuevo en el cargo, sin embargo, él ya se venía desempeñando en la Administración Técnica Forestal de la ciudad de Lima.
Una de las primeras voces de alerta la ha dado la Defensoría del Pueblo. A través de un comunicado, exhorta al Inrena a derogar la Resolución 032. "Tiene que haber continuidad en la aplicación de las normas técnicas, solo así se afrontará el comercio ilegal de madera", dice en un comunicado.
Pero lo más grave es que --según Lucila Pautrat, comisionada de la Adjuntía para los Servicios Públicos y Medio Ambiente de la Defensoría-- "si es que esta ampliación no se deroga, se estaría permitiendo la salida de madera de procedencia controversial".
Quien también opinó fue el presidente del comité de madera de la Asociación de Exportadores (ÁDEX), Herbert Frey. "Hemos solicitado la conformación de una comisión de trabajo con el Inrena para definir nuevas cuotas de rendimiento porque las que planteó la jefatura anterior eran antitécnicas", comentó. Sobre el pedido para derogar la polémica ampliación, Frey señaló que "la Defensoría del Pueblo, así como el resto de la opinión pública, está confundida en el tema".
La defensoría niega que esto sea así y precisa que lo que se estaría intentando en el sector maderero es exportar los cinco mil metros cúbicos de cedro y otros 6 mil de caoba retenidos entre Lima y Pucallpa por tener un origen irregular. Lo mismo opina Lizárraga y también, en su momento, lo había advertido la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA). ¿Qué decisión tomará el Inrena?.
ENFOQUE
NELLY LUNA AMANCIO. Periodista
Resolución tiene que ser derogada
Hace dos semanas advertimos en un extenso reportaje que con el cambio de autoridades en la intendencia forestal del Inrena el control en ese rubro podría debilitarse. Sobre todo porque existía una fuerte presión del sector maderero con las nuevas cuotas de rendimiento para caoba y cedro que había establecido el Inrena. La misma semana en que las autoridades que impulsaron los verdaderos porcentajes de rendimiento fueron alejadas de sus cargos, el Inrena emitió la resolución que postergaba la aplicación de las normas que ellos mismos habían dado.
¿Con qué criterio técnico postergaron su aplicación si es que el rendimiento de una especie no varía de un año a otro?, preguntamos al Inrena, pero no respondieron. Esta entidad se niegue a conversar con este Diario a pesar de que venimos solicitando una entrevista desde principios de año.
Lo que más preocupa es que ni siquiera en los considerandos de la resolución en cuestión se ofrece una explicación técnica. Con enmiendas forestales tan severas en el Tratado de Libre Comercio, el Inrena no debería desautorizar sus propias normas, más aun cuando cuentan con el respaldo de investigaciones especializadas. Ahora solo queda que la institución que debe garantizar el uso sostenible de los recursos derogue esta resolución, tal y como lo ha recomendado la Defensoría del Pueblo.
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Países latinoamericanos instados a informar sobre extracción y comercio caoba
El Comité de Flora del Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES) ha incluido a numerosos países latinoamericanos en un proceso de control por el que les insta a informar sobre la extracción de caoba o arriesgarse a sanciones que pueden llegar a la suspensión del comercio.
El Comité de Flora, reunido esa semana en Ginebra, acordó incluir a 16 países del área de origen y distribución de caoba en el llamado 'proceso de comercio significativo', que exige a los productores la presentación de estudios que demuestren la utilización sostenible de la especie, de forma que se garantice su supervivencia, dijo su presidenta, Margarita Clemente, en una entrevista con Efe.
La catedrática de Botánica de la Universidad de Córdoba (España) explicó que el objetivo es 'tratar de que la sostenibilidad de la especie se cumpla en todo el área de distribución'.
En la reunión de Ginebra, el Comité de Flora de CITES -que es uno de los acuerdos más importantes en materia de conservación de especies- analizó los datos aportados por cada uno de los países afectados.
Belice, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú, Venezuela, Santa Lucía, Dominica, Guayana, San Vicente y Granadinas, República Dominicana y El Salvador son los países que el Comité de Flora ha decidido incluir en el proceso de 'comercio significativo', señaló Clemente.
Las razones son que 'algunos no han mandado ninguna información y otros lo han hecho de forma insuficiente o no satisfactoria', dijo la presidenta del Comité.
Sólo tres países del área de distribución, Brasil, Guatemala y México, no han entrado en el proceso al considerar el Comité que la presentación de sus dictámenes sobre extracción sostenible de la caoba era satisfactoria.
'Ahora se les da unos plazos para enviar datos concretos sobre inventario de la población, número de individuos, tipo de crecimiento, etc, y cuando las completen, algunos podrán salir del proceso', agregó.
'Pero si la calidad (de las informaciones) no es buena o no es satisfactoria el tema puede llegar al Comité Permanente de CITES y optar por la suspensión del comercio', subrayó.
En este proceso, el Comité analiza, además, los datos de exportaciones e importaciones de la especie, gracias al sistema de permisos de que dispone CITES, 'y si se ve que la especie no va a soportarlo, se activan las alarmas', afirmó Clemente.
Entre los países que han entrado en el proceso de comercio significativo, Clemente destacó como problemático el caso de Perú, que 'a pesar de que hace grandes esfuerzos, no nos ha presentado dictámenes de extracción'.
Según la presidenta, Perú ha disminuido drásticamente sus exportaciones de caoba, desde los 20.000 m2 a 4.000 m2 en los últimos años, 'pero no ha contestado a los requerimientos de presentar dictámenes de extracción no perjudicial'.
Clemente destacó que el Convenio CITES no tiene el objetivo de cortar el comercio, sino que 'vela por el uso sostenible de especies de gran valor económico, como son estas madereras'.
El Comité de Flora de CITES, que se reúne hoy de forma conjunta con el Comité de Fauna en Ginebra, también ha hecho esta semana una revisión de los listados de plantas incluidas en el Convenio, y que constan de dos apéndices.
El primero incluye unas 800 especies cuyo comercio está totalmente prohibido, y en el apéndice II están el resto de las 30.000 especies con las que se puede comerciar con efectivos silvestres siempre que haya dictámenes de extracción sostenible.
AHORA LAS COSAS SI ESTAN QUE QUEMAN
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