La UNALM y la Facultadad de Ciencias Forestales, programaron una Conferencia para el 07/Ago/2008 en uno de sus ambientes , ofrecida por el Ministerio de Agricultura; posteriomente el Comité Organizador comunicó, que dicha Conferencia se llevaría a cabo en el Auditorio del INRENA.
A pesar de que dicho comité no escogió un lugar más apropiado (dado que esta institución está dejando mucho que desear en la gestión forestal, al permitir, entre otras acciones no muy claras, el levantamiento de la inmovilización y autorización CITES para la exportación de miles de pies tablares de madera Cedro y Caoba de procedencia dudosa), profesionales y gremios forestales estuvieron presentes para poner de manifiesto su desacuerdo con esta nueva Ley Forestal, ante los representantes del MINAG. También hubimos muchos forestales que no asistimos a esta conferencia, para que no se vaya a mal entender, que apoyamos las acciones realizadas durante los 5 últimos meses del año.
En dicha Conferencia, el Ministerio de Agricultura , puso de manifiesto su negativa de levantar las observaciones hechas por los forestales del país y es así que el Foro Ecológico ha sacado un pronunciamiento, que a continuación lo comparto con todos aquellos que vistan mi blogg.
¡DL 1090: Continúa el atropello a la participación ciudadana!
Pronunciamiento
Pese a la propuesta contundente y mayoritaria de la sociedad civil y demás actores forestales de derogar el DL 1090 por contener problemas de fondo, el Ministerio de Agricultura, persiste en mantener su propósito de imponer su reglamentación contrariando todo espíritu democrático y de buen gobierno. Se rescata que en este nuevo marco se recoge e incluye algunos planteamientos positivos pero que en el balance quedan minimizados frente a los profundos impactos socioambientales que tendría de aplicarse esta norma.
Esto se desprende de la Conferencia realizada el día ayer, 07 de agosto en el INRENA donde los representantes del ejecutivo pese a la uniforme manifestación de todos los ponentes sobre: i) la inobservancia del derecho a la participación ciudadana para la elaboración del DL 1090, y ii) la pérdida de institucionalidad de la participación ciudadana en la misma norma al eliminar el CONAFOR, no pudieron explicarlo y por el contrario se dijo que mediante el Reglamento se iba a reconocer la participación ciudadana.
Tampoco se dijo nada sobre los diferentes pronunciamientos de la sociedad civil, el Colegio de Ingenieros del Perú y las Facultades Forestales de la UNALM y la UNCP, sobre la definición de recurso y patrimonio forestal, la nueva forma de acceso al bosque, manejo forestal, promoción, control y la posibilidad de lavado de madera de origen controversial, entre otros, evidenciando su firme decisión de no modificar nada y por el contrario ratificar su posición de reglamentar la Ley de manera inmediata.
Por lo tanto:
Nos reafirmamos en que la participación no se reduce a un simple requisito de procedimiento administrativo si no que es un derecho fundamental que constituye la esencia de la democracia. La participación se debe darse en todo el proceso de construcción del marco normativo y no después de ser aprobada como pretende imponer el MINAG. El Estado está obligado a recoger las propuestas, someterlas a evaluación e incluirlas en el cuerpo normativo propuesto. La democracia participativa, en complementación a la democracia representativa, considera la intervención directa de los ciudadanos en la toma de decisiones.
Deploramos la actitud unilateral y arbitraria como se maneja la política y el marco jurídico forestal y de fauna silvestre, haciendo oídos sordos de las propuestas y preocupaciones de los diferentes sectores de la sociedad civil nacional. Con esta actitud impositiva se está desconociendo la importancia de la participación en el fortalecimiento de la democracia y el desarrollo nacional como lo hacen explícita la Estrategia Nacional de Desarrollo Forestal y el Acuerdo Nacional.
Recordamos que el Acuerdo Nacional al hablar de Institucionalización del diálogo y la concertación plantea un compromiso para fomentar el diálogo y la concertación entre todas las organizaciones, tanto políticas como de la sociedad civil, en base a la tolerancia, la afirmación de las coincidencias y respetos a las diferencias de identidad, garantizando la libertad de pensamiento y de propuesta. Coherente con este objetivo el Acuerdo Nacional plantea que el Estado: a) promoverá y consolidará una cultura de diálogo y concertación y b) institucionalizará los canales y mecanismos de participación ciudadana que contribuya al mejor ejercicio de las funciones ejecutivas y legislativas en los niveles nacional, regional y local.
Así mismo, le recordamos también al Gobierno que el derecho a la participación ciudadana se encuentra reconocido como derecho fundamental en el bloque de constitucionalidad compuesto por la Constitución Política del Perú en el art. 31, el Principio 10 de la Declaración de Río, la Ley Orgánica para Aprovechamiento de Recursos Naturales (Ley N° 26821), la Ley General del Ambiente (Ley N° 26811), entre otros instrumentos jurídicos. Además, le impone el deber de tomar en cuenta la participación de todo ciudadano en el proceso de adopción de decisiones que afecten al ambiente y al aprovechamiento sostenible de recursos naturales, previo traslado y entrega de información a todos los actores interesados.
En esta misma dirección, la Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa (Ley N° 26889) y su Reglamento el DS 08-2006JUS establece como requisito para el proceso de elaboración de los proyectos de Decretos Legislativos, Decretos de Urgencia y Decretos Supremos, se debe presentar en la parte expositiva la realización de audiencias públicas organizadas con la finalidad de garantizar la efectiva participación de los interesados u otros niveles de Gobierno para manifestar su opinión. Consecuentemente, el proceso de elaboración del DL 1090 ha sido vulnerado el derecho a la participación generando la ilegitimidad del citado cuerpo normativo.
Complementario a lo anterior, resaltamos la preocupación planteada por los propios agentes económicos como ADEX que en su Código de Conducta manifiesta expresamente su compromiso para apoyar toda acción en contra de la corrupción manteniendo una actitud vigilante y participativa que asegure el buen desempeño de la función pública y del sector forestal. Incluso el propio Plan de Gobierno del Partido Aprista Peruano (2006-2011) plantea que atenderá las demandas de la población que asegure su participación y fiscalización de las políticas públicas.
Exhortamos al Gobierno Central y el Congreso Nacional de la República, a que honre el compromiso que tiene el Perú frente al TLC de aumentar la participación del público y mejorar la transparencia en la toma de decisiones relativas a la planificación y manejo de los recursos. Así mismo, a las recomendaciones que plantea este instrumento jurídico internacional a tener en cuenta las opiniones de las comunidades locales e indígenas, organizaciones no gubernamentales, y el sector privado, incluyendo a los operadores forestales.
Deploramos la reiterada decisión del Gobierno Central de reducir el derecho de participación ciudadana en la elaboración y aprobación del DL 1090, asi como su expresa posición de imponer la reglamentación de esta norma ilegítima, por lo que expresamos nuestro rechazo a la misma y proponemos dar inicio a un proceso de elaboración participativa de una nueva norma forestal que el país necesita como producto de su vocación forestal, su contribución efectiva en la lucha contra el cambio climático y el bienestar de todos los peruanos y peruanas.
Lima, 08 de Agosto del 2008
Foro Ecológico del Perú
